0 Alakrana, J'accuse

La columna del editor de Confidencialba

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Pronto se cumplirán 112 años, cifra nada redonda, cifra nada glamourosa, de un acontecimiento que revolvió las tripas de toda la sociedad francesa: el texto del escritor Émile Zola titulado J'accuse (Yo acuso), contra todos los cargos públicos y autoridades que habían propiciado el encarcelamiento injusto del Capitán Alfred Dreyfus por un delito de espionaje, consistente en la entrega a Alemania de documentos secretos. Pocas cosas han cambiado. Entonces, como hoy, los gobiernos mienten cuando le vienen mal dadas. Y entonces, como hoy, la prensa se olvida de su necesario papel de contrapoder y cierra filas con la patria. Entonces fue Dreyfus. Hoy es Alakrana.

47 días de secuestro y 2,7 millones de euros de rescate, supuestamente pagados por el Ejecutivo. Hasta tres mentiras consecutivas se cuentan. Pero, y sobre todo, una prensa cómplice. Una canalla que tiene menos de sustantivo que de adjetivo. Quienes no se han puesto del lado del Gobierno se han situado justo en el lado contrario, obedientes al código de valores de apuntarse una batalla al lado de Mariano Rajoy y su brillante secuaz María Dolores de Cospedal. Pero pocas, muy pocas voces, en lo social, en lo político, en lo informativo, han tenido la valentía de mantenerse independientes. De sacudirse de encima el polvo amargo del patrioterismo rancio y ramplón, el Santiago y cierra España. De poner los puntos sobre las íes –o las tildes– y hacer valer el precepto superior del Derecho Internacional.

Y de esas pocas voces, algunas han cometido imprecisiones gratuiticas. Como que el atunero Alakrana faenaba en aguas somalíes. No es cierto. No al menos al momento del abordaje, a 340 millas de la costa africana, más allá por tanto de las 200 millas que pautan la zona económica exclusiva, y mucho más que las 12 reservadas como aguas jurisdiccionales según el Derecho Internacional. Culpables, por tanto, en primer grado y sin posibilidad de reconsideración, los propios asaltantes. Los denominados "piratas". Que no por obvio parece que lo tenga claro todo el mundo.

Ahora bien, no son menos ciertas cuestiones anexas sobre las que la sociedad ha optado por hacer mutis. Como que hasta los primeros casos de "piratería" la esquilmación de los lechos marinos somalíes era un hecho constatado, mientras las potencias occidentales miraban para otro lado. Cuestiones como que la acción de los "piratas" es ilegal por su extralimitación y por su propio modus operandi, pero su intimidación ha logrado lo que la legislación internacional no había hecho valer, como es la soberanía de esas 200 millas para los pescadores de Somalia con más voluntad que recursos materiales, que navegan, pescan, comercian y tratan de sobrevivir con el producto de sus mares. Y que para la población local un secuesto es un mal menor, que se celebra no por desear mal alguno a los secuestrados, sino porque en 15 o 20 años no habían visto existencias tan generosas a las que poder echar la red en sus propias costas.

No se ha pasado por alto que la bandera izada en la cubierta era la ikurriña vasca. Pero quienes han hecho "bandera" de este aspecto han utilizado sus argumentos para defenderse de sus particulares fobias y paranoias particulares, por las que todo lo vasco es abertzale y por tanto sospechoso de colaboracionista con el entorno de ETA. Máxime cuando parte de la población en tierra, en el Bermeo del puerto, se muestra simpatizante con el nacionalismo. No se ha hecho mella en la ikurriña para denunciar algo más monstruoso, como es el hecho de que la sustitución de la bandera de origen por la euskalduna en cuanto se ingresa en aguas internacionales es una práctica habitual de numerosas embarcaciones con armador o capitán vasco. La pregunta es si se hace con el consentimiento o no de las autoridades, o al menos con su conocimiento.

Sí se ha pasado por alto una cuestión ligada a la anterior, aún más terrible, como es la tónica generalizada de que la bandera de pabellón, la real, no sea la española, ni la vasca, sino la que interesa en cada momento según los límites legales que cada país impone a la pesca de determinado producto. El Alakrana, señoras mías, señores míos, faenaba bajo pabellón japonés. Nipón. Porque quien así lo hace tiene luz verde para faenar hasta que las tripas del barco revienten de avaricia.

También se ha pasado por alto que, a pesar de que el navío fue interceptado en aguas internacionales, se había alejado por su cuenta y riesgo, tres advertencias mediante, del perímetro de seguridad de la Operación Atalanta. Es decir, del dispositivo de seguridad con el que la UE trata –con escaso éxito– de proteger la seguridad de los pesqueros en el Índico, y en la que la implicación de España resultó crucial para su puesta en marcha en septiembre de 2008. Y que nace, justamente, de las amenazas de marineros sin ley que decidieron tomarse la justicia por su mano, frente a la inoperancia de un Gobierno sin país que admitía, o se resignaba, a que sus costas fueran esquilmadas por armadores con una codicia incontenible. Por empresarios que se pasan "por el forro" la legislación internacional, y la seguridad de sus muchachos en alta mar, si con ello se llevan unos euros más a los bolsillos. Y que alegan como excusa que no encuentran pesca en el perímetro de la Atalanta. ¿No hay peces en todos los dos millones de kilómetros cuadrados que abarca el área "segura"? ¿De verdad?

Así pues, frente a un pabellón nipón, una ikurriña que no está contemplada en el Derecho Internacional –si debiera estarlo o no, y si sus portadores son antiespañoles o no, es un debate forzado y que responde a fantasmas de mentalidades enanas–, con tres cuartas partes de su tripulación formadas por ciudadanos extranjeros, y un barco que por decisión propia –o forzada por el armador– se expone al peligro y lo hace con conocimiento de causa, ¿qué responsabilidad cabe exigirle a un Gobierno español?

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero sale muy trasquilado de esta campaña. Habría tenido mayor credibilidad si hubiera abandonado a los marineros a su suerte, que es lo que tendría que haber hecho con la ley en la mano, por antihumanitario que resulte. O si se hubiera dejado de trapisondadas sobre tres pobres desalmados y la aplicación de la Justicia sobre ellos. Pero no. Optó por ceder al chantaje de quienes han utilizado el sufrimiento de las familias para airear sus fobias antinacionalistas, antisocialistas o incluso de corte marcial, del tipo "el presidente del Gobierno cree que los soldados son hermanitas de la caridad" (Pablo A. Iglesias, en LaSemana.es), o "los familiares y los marineros, que son los clientes, siempre tienen razón" (Jenaro Castro, Diario de Pontevedra).

Mientras, la torpeza gubernamental de tratar de torpedear la libertad de expresión, ha sido utilizada por sus adversarios para criticar aquello que muchos de ellos desearían, y acusar a Rubalcaba de ser "el Big Brother que todo lo ve" (Manuel Casal, ABC). Cuando el Estado Social y Democrático de Derecho –que es como define a España la Constitución de 1978– se acepta a regañadientes, todo vale con tal de tambalearlo. Incluso hacerle responsable de las perversiones que no tendrían problema en imponer los voceros, los que se dan golpes de pecho porque los "periodistas molestamos en algunas ocasiones" (Juan Antonio Tirado, en El Semanal Digital).

Lean a Edurne Uriarte, Mentiras de Estado, en ABC. Lean a Pedro J. Piqueras, Las mentiras del Gobierno, en Faro de Vigo. Lean a Felix Madero, El hombre inmaduro, también en ABC. El tono es siempre el mismo. Nadie quiere reparar en qué llevó a Somalia a su putrefacción estatal que genera gusanos como lo asaltantes del Alakrana. Para todo el mundo lo que cuenta es pedir cuentas al Gobierno por sus mentiras, y, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, colgarle del palo mayor por el sambenito de "negociar con los pistoleros" y otras sandeces que tanto gustan en los sectores a los que se les eriza el pelo imaginando si el Abuelo lo habría hecho mejor que Zapatero. O, en su defecto, Rajoy.

Así que, ya que quien esto firma no se considera a la altura intelectual y literaria de don Émile Zola, sí quiere dejar algunas pistas por si a algún ínclito literato hispano (incluido don José Saramago, es un decir), le da por tomarlas para un J'accuse del siglo XXI. Y acusar al Gobierno de la Alianza de Civilizaciones de no arrojar luz y taquígrafos sobre la sistemática violación del Derecho Internacional por las potencias occidentales. Acusar al mismo Gobierno, nacido entre otros sucesos del "España no se merece un Gobierno que les mienta", por mentir, al menos, con el origen del rescate, la situación controlada y "en tierra" de tres marineros que nunca llegaron a desembarcar, y la gestión posterior al pago, en una imposible huida mar a través de los trapisondistas somalíes. Acusar a ese mismo Gobierno, el del "No a la Guerra" de sostener, amparar o incentivar la continuación de las políticas económicas que perpetúan y ensanchan la brecha entre los países del Norte y los del Sur.

Pero acusar, también, al Partido Popular de la defensa de la unidad de España, por utilizar el sufrimiento de las familias de los marineros para achuchar al Gobierno, no en interés de la ley, sino de la siguiente cita electoral. Acusar a la prensa de haber mantenido y seguir manteniendo discrepancias sólo aparentes, pero uniformidades de fondo para con el poder establecido, alianza contra natura del espíritu de su audiencia, y que explica la crisis en el sector mucho más allá de la caída del mercado publicitario. Y acusar, por último, a los empresarios sin escrúpulos, los armadores en este caso, dispuestos a sacrificar la vida, el bienestar o la seguridad de sus empleados a cambio de incrementar la cuenta de resultados. Algo parecido hizo la banca con los clientes ninja durante 12 años con las hipotecas... y a la vista están los resultados.

0 Aeropuerto... ¿para qué?

Confidencialba, la columna del editor

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Las cuentas no cuadran. Ni seis millones, ni 2,9. Ni para tres años, ni para uno. Hinchar la cuenta de resultados de una línea aérea a base de publicidad institucional es un atentado contra la lógica, salvo que se pretenda instalar de aquí a unos años, en Albacete, alguna suerte de instituto de enseñanzas en marketing y posicionamiento que sea referente global. Y casi nada hace pensar que vaya a ser así. El problema del Aeropuerto no es la crisis, en la que podía escudarse el Gobierno local; pero tampoco la alcaldesa, como asegura casi con espasmos la oposición.

El problema del Aeropuerto civil de Los Llanos no es el qué. Ni el quién. Es hasta probable que ni el cómo. El problema es el para qué. Que es el mismo problema que tiene en su definición y en su identidad Castilla-La Mancha como bloque geográfico heterogéneo, y Albacete en particular como provincia de "ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio". Socialistas y populares se desgañitan en echarse los trastos a la cara por ver quién es más capaz de construir una ciudad de primera. Y dejan en el aire la cuestión central: en lugar de qué le hace falta a Albacete, se trata de averiguar para qué le hace falta.

Si algo tiene de peculiar el rifirrafe que populares y socialistas protagonizan desde el pasado Pleno municipal, a cuenta de la subvención vía publicidad para mantener la línea aérea de Air Nostrum (Iberia) –que salvando periodos vacacionales opera en exclusiva a Barcelona es que se han invertido los términos de la bronca política habitual. En este caso, son los populares los que hablan con datos y cifras en la mano, con comparativas, con estudios y con opciones. También con medias mentiras, como obviar que 3,2 de los 6,1 millones de euros en publicidad proceden de la Junta. Lo que tampoco puede ser consuelo, como pretende el portavoz del Grupo socialista, Antonio Martínez, pues a fin de cuentas es erario público. Aquí, el PSOE se defiende como gato panza arriba.

Tampoco puede ser consuelo que se trate de un gasto a tres años. Se mire por donde se mire, hablamos de casi un millón anual de media. Ese dinero, repartido entre los 12.000 viajeros del aeródromo, da a 80 euros por cabeza. Con tales cifras bien parece que se pueden emprender acciones más imaginativas que regalar los oídos a una compañía aérea, acción legal pero quizá no legítima, sobre todo si procede de una Corporación de signo “socialista”.

Se da por hecho que el Aeropuerto debe sobrevivir. Pero no se establece en función de qué prioridades para la ciudad. El gasto anual de publicidad es superior a las cantidades consignadas en el Presupuesto municipal para la promoción de dos de los posibles valores de la ciudad, el Turismo y el Comercio, que juntos reciben un pellizco de 624.000 euros.

Si de lo que se trata es de fomentar la presencia del empresariado albaceteño en la Ciudad Condal, el cambio de horario para los vuelos tampoco favorece, pues ahora se les obliga a pernoctar allí. Y si lo que se pretende es invitar al empresariado europeo a instalarse en Albacete, habrá que buscar los servicios de valor añadido que puede ofrecer la ciudad, ya que las empresas no se asentarán aquí porque se financie o se deje de financiar a una línea aérea, por mucha publicidad que se incorpore en los aviones.

Y no se puede argumentar, como pretende Martínez, también concejal de Hacienda, Patrimonio y Urbanismo, que el Ayuntamiento no tiene competencias sobre el Aeropuerto. Sí las tiene sobre sus posicionamientos, como exigir o no al Estado que mantenga en pie las infraestructuras que pone en marcha. Sí las tiene sobre los montantes de dinero del bolsillo de todos que pone en circulación, o que solicita como ayuda a la Junta. Y sobre todo sí las tiene, ya que hablamos de publicidad, en la promoción, venta y difusión de la imagen de Albacete. Debe ponerse las pilas, porque en tiempos de crisis no se aplaude la chequera de una institución, sino su capacidad de innovación para obtener más por menos.

0 El arcaísmo parlamentario

Confidencialba: la Columna del Editor

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No seré yo quien niegue al parlamentarismo sus virtudes. Demasiada sangre derramada, demasiado alzamiento levantisco, demasiados caprichos de botarates visionarios, como para echar ahora por tierra el sistema menos imperfecto de gobierno de cuantos ha experimentado esta humanidad siempre a la deriva. Ahora bien, la asistencia a un Pleno como el del Ayuntamiento del jueves pasado, con todo lo agitado, intenso y hasta simpático que resultó, deja siempre un sinsabor amargo en la recámara de la convicción democrática: ¿sirve para algo? En el fondo, ¿sirve para algo?



Si hablamos desde el estricto punto de vista de la técnica política, todas las intervenciones, turnos de palabra, chascarrillos, puyazos, recados, réplicas, dúplicas y moderaciones resultan del todo irrelevantes. Si lo que nos preocupa es la gestión de la cosa pública, de los intereses de la ciudadanía y de los bienes y servicios municipales, la única medida real del debate en sede legislativa es el sentido del voto, muchas veces conocido o al menos previsible con la sola lectura del punto correspondiente del orden del día.

El origen del parlamentarismo se halla en la exigencia planteada antaño por movimientos políticos antisistema (antidespóticos, antiabsolutistas), hoy obligación impuesta a sí misma por la clase política, para transmitir con luz y taquígrafos las razones de sus posicionamientos ante todo lo legislable; surge también de la saludable necesidad de ejercer la fiscalización de cualquier gobierno, para evitar derivas autoritarias. Pero tal como está configurado hoy, desde el Senado hasta cualquier Ayuntamiento pasando por las Cortes regionales, la concurrencia a estos eventos la forma la propia casta política, la periodística, una representación de la asociativa y, salvo raras y honrosas excepciones, pare usted de contar.

A su vez, el contenido de las mociones, cuando no el texto completo de las mismas, ha sido suficientemente aireado con antelación. Máxime si las propone la oposición, que obtiene así dos impactos en prensa por el precio de uno. Precio que no es tal, pues el breve y escaso terremoto político que puede procurar es el mínimo anzuelo que una prensa local y provincial de calidad desea echar al macuto de los hechos noticiables.

Cabe entonces la duda razonable de que, más allá de sus esencias y orígenes, el parlamentarismo sea hoy una parte del show business, debidamente aderezado con el revestimiento de la seriedad institucional. O quizá no tanta seriedad –que sus señorías se gastan una ironía fina y una sátira burda de padre y muy señor mío–, pero al menos sí institucional. Se acepta la transaccional. Pero entonces, y aplicado el punto de vista de la técnica informativa, el procedimiento oficial sobra al 90%. No hay cronista en su sano juicio que considere pertinente, y eficaz, levantar acta de cuanto acontece en un Pleno municipal, regional o del Congreso.

Todo queda en un bluff mediático: las ráfagas más intensas para la tele, las más interpretables para la radio, y las más brillantes para la prensa escrita, ya se trate de notas de agencia, ya de labor propia de redactor, tanto en el papel condenado a la extinción, como en las ediciones digitales tan incomprendidas en su funcionamiento y estructura por las redacciones tradicionales. Los periodistas que cubren estos eventos descansan, y hacen bien, la mayor parte del tiempo, pendientes de que no se les escape una en las mociones que, en jerga, vienen cargadas de “chicha informativa”.

Además, a estos periodistas, por lo general primeros o segundos espadas de sus medios, gente curtida en mil desengaños como profesionales y en diez mil como ciudadanos, lo que realmente les/nos “pone” es el cotilleo fuera de asiento, allí donde el ustedeo y la descalificación desde la silla oficial se torna en tuteo y compadreo inter pares et functus officio; es decir, donde es factible e incluso habitual la sonrisa, la relajación y el intercambio de información –de la buena, de la que no se puede contar con alegría–. Por tanto, el Pleno en sí mismo es, a estos efectos, un ropaje dorado y decente para unas verdades desnudas y agrias que se narran fuera del auditorio.

Más allá de la mirada de periodista empotrado en este apartado del show business, la conciencia crítica y ciudadana que no quiere engañarse a sí misma sabe que a la postre nadie ha fiscalizado a nadie, que las posturas están tomadas de antemano, y que ninguna oposición torcerá la voluntad de ningún Gobierno, ni Ejecutivo alguno hará cambiar el parecer de sus adversarios. Desde luego, no en Cámara legislativa.

Así que con dolor, pero con tozudo realismo, se alcanza a comprender que el parlamentarismo de hoy tiene más de reliquia que de construcción armónica de un espacio democrático. Con aroma tan vetusto como digno de ágora posible y necesaria, pero recorrido por venas que golpean arcaísmo en lugar de sangre política, y espectáculos de corte y confección periodística en lugar de intercambio de ideas que merezcan el sobrenombre artificioso de debate parlamentario. Se antoja urgente modificar los escenarios de la política. Hacerlos abiertos, transparentes, cercanos y, sobre todo, interesantes para una población a la que cada cuatro años se le exige depositar su confianza en una urna.