La columna del editor de Confidencialba
Pronto se cumplirán 112 años, cifra nada redonda, cifra nada glamourosa, de un acontecimiento que revolvió las tripas de toda la sociedad francesa: el texto del escritor Émile Zola titulado J'accuse (Yo acuso), contra todos los cargos públicos y autoridades que habían propiciado el encarcelamiento injusto del Capitán Alfred Dreyfus por un delito de espionaje, consistente en la entrega a Alemania de documentos secretos. Pocas cosas han cambiado. Entonces, como hoy, los gobiernos mienten cuando le vienen mal dadas. Y entonces, como hoy, la prensa se olvida de su necesario papel de contrapoder y cierra filas con la patria. Entonces fue Dreyfus. Hoy es Alakrana.
47 días de secuestro y 2,7 millones de euros de rescate, supuestamente pagados por el Ejecutivo. Hasta tres mentiras consecutivas se cuentan. Pero, y sobre todo, una prensa cómplice. Una canalla que tiene menos de sustantivo que de adjetivo. Quienes no se han puesto del lado del Gobierno se han situado justo en el lado contrario, obedientes al código de valores de apuntarse una batalla al lado de Mariano Rajoy y su brillante secuaz María Dolores de Cospedal. Pero pocas, muy pocas voces, en lo social, en lo político, en lo informativo, han tenido la valentía de mantenerse independientes. De sacudirse de encima el polvo amargo del patrioterismo rancio y ramplón, el Santiago y cierra España. De poner los puntos sobre las íes –o las tildes– y hacer valer el precepto superior del Derecho Internacional.
Y de esas pocas voces, algunas han cometido imprecisiones gratuiticas. Como que el atunero Alakrana faenaba en aguas somalíes. No es cierto. No al menos al momento del abordaje, a 340 millas de la costa africana, más allá por tanto de las 200 millas que pautan la zona económica exclusiva, y mucho más que las 12 reservadas como aguas jurisdiccionales según el Derecho Internacional. Culpables, por tanto, en primer grado y sin posibilidad de reconsideración, los propios asaltantes. Los denominados "piratas". Que no por obvio parece que lo tenga claro todo el mundo.
Ahora bien, no son menos ciertas cuestiones anexas sobre las que la sociedad ha optado por hacer mutis. Como que hasta los primeros casos de "piratería" la esquilmación de los lechos marinos somalíes era un hecho constatado, mientras las potencias occidentales miraban para otro lado. Cuestiones como que la acción de los "piratas" es ilegal por su extralimitación y por su propio modus operandi, pero su intimidación ha logrado lo que la legislación internacional no había hecho valer, como es la soberanía de esas 200 millas para los pescadores de Somalia con más voluntad que recursos materiales, que navegan, pescan, comercian y tratan de sobrevivir con el producto de sus mares. Y que para la población local un secuesto es un mal menor, que se celebra no por desear mal alguno a los secuestrados, sino porque en 15 o 20 años no habían visto existencias tan generosas a las que poder echar la red en sus propias costas.
No se ha pasado por alto que la bandera izada en la cubierta era la ikurriña vasca. Pero quienes han hecho "bandera" de este aspecto han utilizado sus argumentos para defenderse de sus particulares fobias y paranoias particulares, por las que todo lo vasco es abertzale y por tanto sospechoso de colaboracionista con el entorno de ETA. Máxime cuando parte de la población en tierra, en el Bermeo del puerto, se muestra simpatizante con el nacionalismo. No se ha hecho mella en la ikurriña para denunciar algo más monstruoso, como es el hecho de que la sustitución de la bandera de origen por la euskalduna en cuanto se ingresa en aguas internacionales es una práctica habitual de numerosas embarcaciones con armador o capitán vasco. La pregunta es si se hace con el consentimiento o no de las autoridades, o al menos con su conocimiento.
Sí se ha pasado por alto una cuestión ligada a la anterior, aún más terrible, como es la tónica generalizada de que la bandera de pabellón, la real, no sea la española, ni la vasca, sino la que interesa en cada momento según los límites legales que cada país impone a la pesca de determinado producto. El Alakrana, señoras mías, señores míos, faenaba bajo pabellón japonés. Nipón. Porque quien así lo hace tiene luz verde para faenar hasta que las tripas del barco revienten de avaricia.
También se ha pasado por alto que, a pesar de que el navío fue interceptado en aguas internacionales, se había alejado por su cuenta y riesgo, tres advertencias mediante, del perímetro de seguridad de la Operación Atalanta. Es decir, del dispositivo de seguridad con el que la UE trata –con escaso éxito– de proteger la seguridad de los pesqueros en el Índico, y en la que la implicación de España resultó crucial para su puesta en marcha en septiembre de 2008. Y que nace, justamente, de las amenazas de marineros sin ley que decidieron tomarse la justicia por su mano, frente a la inoperancia de un Gobierno sin país que admitía, o se resignaba, a que sus costas fueran esquilmadas por armadores con una codicia incontenible. Por empresarios que se pasan "por el forro" la legislación internacional, y la seguridad de sus muchachos en alta mar, si con ello se llevan unos euros más a los bolsillos. Y que alegan como excusa que no encuentran pesca en el perímetro de la Atalanta. ¿No hay peces en todos los dos millones de kilómetros cuadrados que abarca el área "segura"? ¿De verdad?
Así pues, frente a un pabellón nipón, una ikurriña que no está contemplada en el Derecho Internacional –si debiera estarlo o no, y si sus portadores son antiespañoles o no, es un debate forzado y que responde a fantasmas de mentalidades enanas–, con tres cuartas partes de su tripulación formadas por ciudadanos extranjeros, y un barco que por decisión propia –o forzada por el armador– se expone al peligro y lo hace con conocimiento de causa, ¿qué responsabilidad cabe exigirle a un Gobierno español?
El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero sale muy trasquilado de esta campaña. Habría tenido mayor credibilidad si hubiera abandonado a los marineros a su suerte, que es lo que tendría que haber hecho con la ley en la mano, por antihumanitario que resulte. O si se hubiera dejado de trapisondadas sobre tres pobres desalmados y la aplicación de la Justicia sobre ellos. Pero no. Optó por ceder al chantaje de quienes han utilizado el sufrimiento de las familias para airear sus fobias antinacionalistas, antisocialistas o incluso de corte marcial, del tipo "el presidente del Gobierno cree que los soldados son hermanitas de la caridad" (Pablo A. Iglesias, en LaSemana.es), o "los familiares y los marineros, que son los clientes, siempre tienen razón" (Jenaro Castro, Diario de Pontevedra).
Mientras, la torpeza gubernamental de tratar de torpedear la libertad de expresión, ha sido utilizada por sus adversarios para criticar aquello que muchos de ellos desearían, y acusar a Rubalcaba de ser "el Big Brother que todo lo ve" (Manuel Casal, ABC). Cuando el Estado Social y Democrático de Derecho –que es como define a España la Constitución de 1978– se acepta a regañadientes, todo vale con tal de tambalearlo. Incluso hacerle responsable de las perversiones que no tendrían problema en imponer los voceros, los que se dan golpes de pecho porque los "periodistas molestamos en algunas ocasiones" (Juan Antonio Tirado, en El Semanal Digital).
Lean a Edurne Uriarte, Mentiras de Estado, en ABC. Lean a Pedro J. Piqueras, Las mentiras del Gobierno, en Faro de Vigo. Lean a Felix Madero, El hombre inmaduro, también en ABC. El tono es siempre el mismo. Nadie quiere reparar en qué llevó a Somalia a su putrefacción estatal que genera gusanos como lo asaltantes del Alakrana. Para todo el mundo lo que cuenta es pedir cuentas al Gobierno por sus mentiras, y, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, colgarle del palo mayor por el sambenito de "negociar con los pistoleros" y otras sandeces que tanto gustan en los sectores a los que se les eriza el pelo imaginando si el Abuelo lo habría hecho mejor que Zapatero. O, en su defecto, Rajoy.
Así que, ya que quien esto firma no se considera a la altura intelectual y literaria de don Émile Zola, sí quiere dejar algunas pistas por si a algún ínclito literato hispano (incluido don José Saramago, es un decir), le da por tomarlas para un J'accuse del siglo XXI. Y acusar al Gobierno de la Alianza de Civilizaciones de no arrojar luz y taquígrafos sobre la sistemática violación del Derecho Internacional por las potencias occidentales. Acusar al mismo Gobierno, nacido entre otros sucesos del "España no se merece un Gobierno que les mienta", por mentir, al menos, con el origen del rescate, la situación controlada y "en tierra" de tres marineros que nunca llegaron a desembarcar, y la gestión posterior al pago, en una imposible huida mar a través de los trapisondistas somalíes. Acusar a ese mismo Gobierno, el del "No a la Guerra" de sostener, amparar o incentivar la continuación de las políticas económicas que perpetúan y ensanchan la brecha entre los países del Norte y los del Sur.
Pero acusar, también, al Partido Popular de la defensa de la unidad de España, por utilizar el sufrimiento de las familias de los marineros para achuchar al Gobierno, no en interés de la ley, sino de la siguiente cita electoral. Acusar a la prensa de haber mantenido y seguir manteniendo discrepancias sólo aparentes, pero uniformidades de fondo para con el poder establecido, alianza contra natura del espíritu de su audiencia, y que explica la crisis en el sector mucho más allá de la caída del mercado publicitario. Y acusar, por último, a los empresarios sin escrúpulos, los armadores en este caso, dispuestos a sacrificar la vida, el bienestar o la seguridad de sus empleados a cambio de incrementar la cuenta de resultados. Algo parecido hizo la banca con los clientes ninja durante 12 años con las hipotecas... y a la vista están los resultados.
0 alegatos:
Publicar un comentario